La decisión de retrasar nuevamente la entrada en vigor de VERIFACTU es mucho más que un simple cambio de calendario. Constituye un nuevo ejemplo de una práctica administrativa preocupante: aprobar obligaciones legales, exigir a empresas y desarrolladores costosas inversiones de adaptación y, cuando la fecha de cumplimiento está próxima, volver a modificar las reglas del juego.
Desde un punto de vista jurídico, el problema principal no es el aplazamiento. El problema es la lesión de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y previsibilidad normativa, principios que deberían presidir toda actuación de los poderes públicos. Miles de empresas han destinado recursos económicos a adaptar sus sistemas de facturación conforme a unos requisitos que la propia Administración impulsó durante años y que ahora reconoce que deberán converger con futuros estándares europeos derivados de ViDA (VAT in the Digital Age)
La situación resulta especialmente cuestionable porque el argumento utilizado para justificar el retraso es precisamente la necesidad de armonizar VERIFACTU con la futura factura electrónica y con los requisitos europeos que comenzarán a desplegarse a partir de 2030. Si esa convergencia era previsible, parece razonable preguntarse por qué no se diseñó desde el principio un modelo alineado con la estrategia comunitaria en lugar de obligar al mercado a adaptarse varias veces en pocos años.
El resultado es que empresas, autónomos, asesores y fabricantes de software se encuentran en una situación de incertidumbre difícilmente justificable. Muchos responsables de negocio desconocen si los sistemas que han adquirido cumplen con la normativa actual, con la futura o con ninguna de las dos. Y lo más grave es que esta incertidumbre no deriva de la complejidad tecnológica, sino de la falta de estabilidad regulatoria.
La Administración tiene derecho a cambiar de criterio cuando existen razones técnicas fundadas. Lo que no parece admisible es hacerlo de forma reiterada y a pocos meses de la aplicación efectiva de obligaciones que afectan a millones de operadores económicos. La consecuencia inevitable es una pérdida de credibilidad institucional y una percepción creciente de improvisación normativa.
La lucha contra el fraude fiscal exige sistemas robustos y modernos. Pero también exige algo igual de importante: respeto hacia quienes cumplen la ley. Cada retraso de última hora transmite el mensaje equivocado. No premia al contribuyente diligente que se preparó a tiempo; beneficia a quien decidió esperar porque sospechaba que la fecha volvería a cambiar.
Si finalmente España considera necesario adaptar VERIFACTU al marco europeo de ViDA, la decisión puede ser acertada desde el punto de vista técnico. Lo que resulta difícil de defender es que, tras años de desarrollo normativo, varias modificaciones de plazos y sucesivos anuncios oficiales, se vuelva a posponer una obligación cuya implantación parecía inminente. Una Administración moderna debe exigir cumplimiento, pero también ofrecer certidumbre. En este caso, lamentablemente, ha vuelto a fallar en lo segundo.
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